RD en camino a otras elecciones sin regulación

República Dominicana camina a otras elecciones generales sin una legislación electoral actualizada, y con la promesa incumplida de todos los actores políticos con representación en el Congreso de aprobar los proyectos de Ley de Partidos Políticos y de Régimen Electoral.

Las de mayo serán las séptimas elecciones consecutivas sin una reforma a la legislación electoral, arrastrando fallos en la supervisión y los controles que le deben ser impuestos a las agrupaciones políticas del país.

Desde la generación de la primera propuesta, en 1999 por la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, han pasado 16 años, y con cada cercanía electoral se sienten las presiones de las organizaciones políticas que no tienen control del Congreso, y la inobservancia de quienes conservan la mayoría mecánica en cada hemiciclo.

Así dominó el Congreso el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) desde 1998 y hasta 2006, además de dirigir el ejecutivo de 2000 al 2004, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) controla las cámaras legislativas desde el año 2006 y con seguridad lo hará hasta agosto de 2016, con la gestión presidencial desde 2004. Y las propuestas que fortalecerían el sistema democrático siguen sin ser aprobadas.

La inobservancia en la aprobación de los proyectos choca de frente con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que entró en vigencia en enero de 2012 y que daba un espacio de tres años para que el nuevo código electoral fuera aprobado por el Congreso Nacional.

Algunos temas como el tope de fondos a los aportes privados, la regulación del tiempo en los medios de comunicación y la supervisión directa de la Junta Central Electoral (JCE) en los procesos electorales internos, son los que han alejado a las agrupaciones de un acuerdo y de la aprobación final del proyecto.

La necesaria aprobación de los proyectos se ha escuchado en la voz del presidente de la JCE, Roberto Rosario, quien defiende la idea de que el organismo no puede reglamentar los procesos electivos sin esas leyes adjetivas. “La JCE velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”, reza el párrafo IV del artículo 212 de la Constitución Dominicana.

Se han anunciado consensos en varias ocasiones, como en abril de 2015 por la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado y Roberto Rosario, pero el objetivo de aprobación de los proyectos sigue sin concretizarse. Ese último proyecto por ejemplo, en el que se pusieron de acuerdo el PLD, PRD y PRSC, no contenía los topes a los aportes del sector privado, ni permitiría que se supiera quién hacía donaciones a las organizaciones políticas. Tampoco incluía el articulado referente a la regulación del tiempo en los medios de comunicación, una de las principales quejas de la oposición en los últimos años por el avasallamiento sufrido desde el partido que ejerce el ejecutivo.

El tema de si las primarias internas de los partidos se realizan el mismo día, o no, es también una de las mayores discrepancias entre los actores del sistema democrático. Lo cierto es que de aprobarse los cambios en la legislación electoral, la JCE obtendría autoridad para normar esos procesos y podría intervenir ante el uso de recursos públicos y de falta de equilibrio en la promoción de los aspirantes.

Hasta ahora los trabajos de la JCE en materia de medios de comunicación se han circunscrito a la repartición en iguales partes de minutos publicitarios en los medios de comunicación del Estado a todos los candidatos presidenciales y sus partidos.

Se ha vuelto recurrente la idea de que la aprobación de la Ley de Partidos no es posible con cierta proximidad al período electoral, y que el tiempo adecuado es “en la temporada muerta”, alejados de la efervescencia de un proceso que como el de mayo próximo elegirá a 4,000 y tantos cargos públicos.

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PENDIENTES IMPORTANTES EN REGULACIÓN
Temas como el control del “transfuguismo” político, el uso indiscriminado de los recursos del Estado, el clientelismo y la poca supervisión existente a los partidos políticos serían resueltos, o quedarían bien encaminados, en caso de que se aprueba la reforma al sistema electoral dominicano. La poca transparencia con que se manejan los partidos políticos dominicanos es evidente con el simple análisis de sus portales de Internet (los que tienen), donde informaciones tan básicas con informes de ingresos y gastos no pueden ser encontradas.

La necesidad de la Ley de Partidos llevó a que las organizaciones mayoritarias desistieran de aprobar todo el contenido de la Ley Electoral. Ha quedado evidenciado cuando se incluyeron artículos transitorios de esa última pieza en el proyecto de Agrupaciones Políticas, donde medió Agripino Núñez y Roberto Rosario. La idea era incluir artículos importantes para garantizar mayor fiscalización a los partidos políticos y sus candidatos en las venideras elecciones generales. La imperiosa necesidad de aprobación de los proyectos ha sido reconocida por el actual presidente Danilo Medina, apenas días de ser electo en mayo de 2012. También Miguel Vargas y Leonel Fernández, presidentes del PRD y el PLD, han coincidido en que debe ser reglamentado el proceso electoral, y para ello se reunieron en mayo de 2013, garantizando el expresidente Fernández que el proyecto sería aprobado antes de concluir ese año.